La Defensoría del Pueblo constató graves vulneraciones que afectan la dignidad y derechos fundamentales en los Centros de Detención Transitoria (CDT) y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Magangué.

Durante la visita, "se evidenció un hacinamiento crítico en el CDT de la Estación de Policía La Esmeralda. Este centro tiene capacidad para 16 personas en dos celdas, pero alberga a 68, lo que representa un hacinamiento del 325 %", dijo la entidad.

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Por otro lado, la Estación de Policía SIJIN, que es exclusiva para mujeres, tiene a cinco personas privadas de la libertad en una celda con capacidad para dos. Esto se traduce en un hacinamiento del 150 %.

Además, en la Estación Centro hay dos hombres y una mujer. En ambos CDT se identificaron condiciones ruinosas y sin las garantías mínimas.

En el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Magangué el hacinamiento es del 22 %, ya que tiene capacidad para 74 personas y actualmente hay 91.

"Además del hacinamiento, se detectaron deficiencias en el suministro de agua potable y en el acceso a elementos de aseo. También hay graves fallas en la atención médica, especialmente en el acceso a especialistas, odontología y salud menstrual para las mujeres", según informó la Defensoría.

Compromisos adquiridos en mesa de trabajo

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocó una mesa de trabajo con la Alcaldía de Magangué, la Gobernación de Bolívar, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Procuraduría Provincial y la Personería Municipal.

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"En esta reunión se establecieron compromisos para atender la emergencia. Entre ellos se destacan: la instalación de dispensadores de agua potable, brigadas médicas periódicas, la entrega de kits de aseo con enfoque de género, los traslados de internos para reducir el hacinamiento y la atención prioritaria de personas con condiciones de salud críticas", informó la entidad de derechos humanos.

Llamado urgente a las autoridades

La Defensoría del Pueblo enfatizó que estas medidas deben ejecutarse de manera inmediata y efectiva, e hizo un llamado contundente a las entidades competentes para que cumplan con los compromisos adquiridos.

La entidad subrayó que el respeto a la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad es un deber inaplazable del Estado, y por ello, continuará vigilante y verificando que estas acciones se materialicen en favor de la población recluida en Magangué.